Desde el año 2018, los supuestos propietarios del arco de acceso de la Colonia de la Prensa, al menos los propietarios a ojos de la Junta Municipal, han intentado cederlo sin éxito al Ayuntamiento.
En 1910, un grupo de periodistas y escritores, conocidos como “Los Cincuenta”, adquirieron al empresario Federico Grases unos terrenos al norte de la antigua quinta de las Delicias Cubanas, propiedad del conde de Yumuri. Así nació la Colonia de la Prensa, al amparo de una de las primeras cooperativas de construcción de viviendas de España, impulsada por el periodista Rafael Suárez y promocionada por Antonio Rodríguez Lázaro, que se convirtió en presidente de aquella cooperativa. El objetivo era proporcionar una vida campestre en la ciudad a sus moradores, acogiéndose a la Ley de Casas Baratas de 1911.
La joya de esta colonia es su arco de acceso, una obra modernista diseñada por el arquitecto Felipe Mario López Blanco, referente del Modernismo o Art Nouveau en Madrid. El arco, decorado con elementos florales, cerámicas y bustos de origen desconocido -aunque nuestra teoría es que se trata de los primeros periodistas de la historia, los cronistas de las Indias- fue en su día el único acceso a la colonia, rodeada por un muro perimetral. Su diseño y construcción entre 1913 y 1914 lo convierten en uno de los pocos ejemplos de arquitectura modernista en la capital.
El origen de la disputa: la falta de escritura y el pago del IBI
Tras la Guerra Civil, muchos de los periodistas abandonaron o vendieron sus viviendas, haciéndose cargo de ellas la cooperativa (o lo que quedaba de ella). Una de estas, la que estaba pegada al arco de acceso, la compró José Fernández Hernando, abuelo de los actuales propietarios, en 1947. En concreto, este magistrado adquirió la vivienda situada en Eugenia de Montijo 63/Rodríguez Lázaro 2. No sabemos a quién perteneció anteriormente, solo que a él se la vende por 15.000 pesetas de la época la propia cooperativa de periodistas. En concreto, el médico y periodista José Eleicegui López, como vocal en funciones de la Junta Rectora de la Asociación Benéfico Cooperativa «Colonia de la Prensa» es quien firma la compra-venta.
Según nos indican los nietos, el derecho de compra lo tenía realmente el marido de la madrina de José Fernández, periodista de origen valenciano. Finalmente, la casa se vendió en noviembre de 1947, si bien en la escritura no se incluía el arco de acceso a la colonia, ya que este formaba parte del conjunto de la Colonia de la Prensa y era propiedad de la cooperativa. En ese momento, en el arco vivía la señora Paca, guardesa de la colonia, junto a sus cinco hijos. Allí estaba también la centralita telefónica.
Sin embargo, debido a un error catastral, la familia Fernández Martín ha estado pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del arco junto con el de su vivienda desde 1967. Al parecer, cuando la cooperativa se deshizo, el arco se dividió en dos: una torre la custodiaba y cuidaba Constantino Olalde, empresario textil y poseedor de otros cinco o seis chalés en la Colonia, incluido el de Rodríguez Lázaro, 4; mientras que la otra torre la custodió el propio José Fernández al tenerla adosada al muro de su finca.
Pero, aunque actualmente el arco aparece en el catastro vinculado a Eugenia de Montijo 63, esto no significa que la familia sea propietaria. La ley es clara: prevalece siempre lo que figura en el Registro de la Propiedad, y en este caso, el arco no está inscrito en la escritura de la casa; es más, no está inscrito en ningún lugar. Por tanto, la carga fiscal que ha asumido esta familia durante casi 60 años no es más que un error administrativo.
Los intentos de cesión y la paradoja administrativa
Para más inri, hasta 2018, el arco estuvo registrado como bien mueble del Ayuntamiento de Madrid. Los funcionarios municipales acudieron el 3 de agosto de ese año al arco con la intención de acceder al edificio, al considerarlo suyo. Los hermanos Fernández Martín, nietos de José Fernández Hernando, no fueron avisados. Al escuchar el ruido del cerrajero, salieron de su casa de Eugenia de Montijo, 63/Rodríguez Lázaro, 2 y pidieron la identificación de los funcionarios, alegando que llevaban décadas pagando el IBI del arco, lo que les daba cierto derecho a ser al menos informados de cualquier intervención.
Los funcionarios se fueron tras cambiar la cerradura y los hermanos Fernández Martín la cambiaron de nuevo, pero manifestaron por escrito su voluntad de ceder cualquier eventual derecho sobre el edificio al ayuntamiento, siempre y cuando se les dejara de cobrar el IBI que soportaban desde 1967. Sin embargo, el consistorio se lavó las manos y en octubre de 2018 decidió sacar el arco de su registro de bienes, alegando que el monumento tenía dueño.
Desde ese momento, la familia Fernández Martín ha intentado en varias ocasiones dialogar con el Ayuntamiento y renunciar a cualquier derecho sobre el arco o puerta de acceso. Sin embargo, el 14 de junio de 2024, se les notificó que debían adoptar medidas de seguridad y conservación en el edificio. El 27 de junio de 2024, presentaron un recurso de reposición, donde demuestran una vez más que el arco no es de su propiedad y reiteran su intención de ceder el arco al ayuntamiento. Es más, el 2 de julio de 2024, María José Fernández, hermana de Gonzalo Fernández, entregó bajo registro un juego de llaves a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, para que pudiera llevar a cabo las inspecciones necesarias. A día de hoy, el ayuntamiento no ha tomado todavía medidas para asumir la propiedad ni reparar el edificio.
La reclamación del Ayuntamiento: una orden de ejecución injusta
En definitiva, la Dirección General de Vivienda, ignorando la falta de legitimación de la familia Fernández Martín, les reclama la reparación del arco. Esto ha causado una paradoja legal: el arco no figura en su escritura, pero se les exige que asuman la conservación y seguridad del edificio. La familia ha respondido con este recurso pidiendo la nulidad de la orden, argumentando que las referencias catastrales no determinan la propiedad y que nunca han ejercido posesión sobre el arco.
Asimismo, destacan varios puntos en su defensa: el ayuntamiento ha actuado en el edificio para su mantenimiento en 1990 y en 2011, lo que indica que tenía la responsabilidad sobre él, algo que ha mantenido hasta octubre de 2018. Además, los supuestos daños estructurales en la torre izquierda (mirando desde la parte posterior del arco) se deben a las raíces de un árbol plantado por el propio ayuntamiento, que fue talado en 2018 pero cuyas raíces no se retiraron, generando nuevos brotes y afectando la estabilidad del muro.
También se menciona que la orden de ejecución carece de concreción y no ha otorgado un plazo razonable para la intervención ni presupuesto alguno, lo que demuestra una falta de rigor por parte de la administración.
El limbo legal del arco: un problema no resuelto
En resumen, la propiedad del arco se encuentra en un limbo legal. En su origen, las torres pertenecían a la Asociación Benéfica-Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas Colonia de la Prensa. Después de la guerra civil, el único documento existente es un contrato de arrendamiento de 1981 otorgado por el empresario Constantino Olalde. En dicho contrato, Olalde alquiló la torre que había decidido salvaguardar (la de la derecha y donde está la puerta con el número 1) a Ignacio Fernández Martín, hermano de Gonzalo, y supuesto copropietario actual del arco. Y es que ambas torres solo están conectadas por la pasarela superior; la parte inferior de la torre izquierda, mirando desde Rodríguez Lázaro, fue en su momento la sala de espera del tranvía. Hoy, con acceso desde la vivienda de la familia Fernández Martín, se utiliza como trastero.
Por otro lado, en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, el arco aparece como una edificación independiente sin adscripción a ninguna finca. La situación se complica puesto que el arco no está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid, lo que impide que la administración pueda intervenir para su restauración. Este bajo nivel de protección ha mantenido la construcción en un estado de abandono y deterioro, sin que ni el ayuntamiento ni la comunidad hayan tomado cartas en el asunto.
La solución: la división horizontal y la cesión al Ayuntamiento de Madrid
Para resolver esta situación, la familia Fernández Martín propone una división horizontal del arco, que permita crear una finca independiente, como ya recoge el propio Geoportal del Ayuntamiento, y facilite su cesión a la junta municipal. La familia está dispuesta a colaborar y renunciar a cualquier reclamación por los casi 60 años de pago injusto del IBI y a cerrar el actual almacén que habilitó su abuelo cuando decidió hacerse cargo de esa torre tras la disolución de la cooperativa de periodistas. Lo único que piden es que se regularice la situación y se eximan de cualquier coste adicional que suponga la cesión y el mantenimiento de un monumento que nunca ha sido suyo.
La administración, por su parte, debe asumir su responsabilidad y aceptar la cesión para poder rehabilitar este histórico monumento. Esta edificación es un emblema Modernista de la ciudad y su restauración no solo preservaría un importante legado arquitectónico, sino que serviría como un símbolo del compromiso con la conservación del patrimonio cultural de Madrid.
En conclusión, el abandono de la Junta Municipal y de la Comunidad de Madrid hacia este emblemático arco es un claro reflejo de la falta de interés por preservar un monumento que es parte del legado histórico de Carabanchel y de la ciudad. El caso del arco de la Colonia de la Prensa evidencia los absurdos laberintos administrativos y la desidia de las instituciones ante la conservación del patrimonio.
La familia Fernández Martín ha demostrado su disposición a ceder el arco al Ayuntamiento de Madrid y liberarse de una carga fiscal y legal que no les corresponde. Ahora, es la administración quien debe dar un paso al frente, asumir la propiedad del arco y llevar a cabo las necesarias labores de restauración para devolver a la ciudad un emblema de su pasado Modernista. Señor Carlos Izquierdo, concejal presidente del distrito de Carabanchel, no hay excusa que valga. Toca actuar.
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